¿Debemos facilitar datos personales en la Inspección de Trabajo?

Existe polémica en torno a si debemos o no entregar datos personales en las Inspecciones de Trabajo. ¿Estamos obligados o no? En principio, cualquier persona física o jurídica tiene el deber de colaborar en la inspección y proporcionar, tanto a la Inspección de Trabajo como a la Seguridad Social, toda la información que necesiten.

Pero hay condiciones. Existe un conjunto de documentos que deben ser requeridos previamente a través de trámite. Entre ellos son habituales los datos personales, antecedentes o información con trascendencia. No obstante, si son datos referentes a las relaciones profesionales, económicas, financieras o empresariales con terceros.

 

Esta obligación también abarca:

  • A los entes colaboradores de los organismos recaudadores de la Seguridad Social.
  • Y a los entes depositarios de dinero (en efectivo o en fondos), en cuanto a la identificación de pagos efectuados en las cuentas de la persona o de la sociedad, que estos tengan en la entidad en cuestión.

La información, sin embargo, debe ser proporcionada según lo señalado en el requerimiento de la inspección, sin dejar lugar a que las entidades se amparen en el secreto bancario.

Por otro lado, no existe la obligación de entregar la información confidencial a la que se haya tenido acceso a lo largo de la actividad empresarial. Ya sea en la prestación de un servicio de asesoramiento y defensa, o con posibilidad de prestaciones, ni en atenciones sanitarias, excepto que se tenga el consentimiento previo y expreso de los interesados.

Antes de facilitar cualquier tipo de dato personal es necesaria la conformidad del interesado. Así lo aclara la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). No obstante, no siempre es una condición obligatoria, ya que hay casos en los que no es necesaria ni la comunicación de dicha cesión a los afectados.

 

Situaciones en las que NO se requiere el consentimiento

  1. Cuando la cesión se encuentre autorizada por alguna ley.
  2. En caso de que se trate de datos recogidos de fuentes accesibles.
  3. Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique la conexión de dicho tratamiento con ficheros de terceros. En estos casos, las comunicaciones serán legítimas cuando se limite la finalidad que la justifique.
  4. Cuando la comunicación se dirija al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales de Cuentas. Y tampoco cuando la comunicación sea para instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.
  5. Cuando la cesión se produzca entre Administraciones Públicas y tenga fines históricos, estadísticos o científicos.
  6. Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud, sea necesaria para solucionar urgencias.

Para cualquier otra situación no mencionada en estos puntos, la aprobación del afectado es necesaria para el suministro de datos.

 

La ley asegura la confidencialidad de la trasmisión de datos

No obstante, queremos destacar que facilitar cualquier tipo de información queda amparado por la excepción aplicable a la Administración Pública. Legitimidad que tiene asignada por ley. Con ella, se le brinda la potestad de Investigación y de petición de documentación para poder realizar correctamente su trabajo. En otras palabras, no es obligatorio dar cierta información personal, pero sí es obligatorio colaborar con ellos.

En este sentido, permitir el acceso a datos de carácter personal de trabajadores que sean necesarios para el buen desarrollo de los inspectores, no está sujeto a la necesidad de consentimiento por parte del afectado, salvo en los casos mencionados.

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